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Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, han llegado a España unos 25.000 refugiados ucranianos, según confirmó esta semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque hasta ahora sólo se han registrado ante las autoridades unos 10.000.
Naciones Unidas calcula que cerca de 3,5 millones de ucranianos han huido de su país desde la invasión rusa, y la gran mayoría busca seguridad en la vecina Polonia; un gran número también ha acudido a Rumanía, Hungría y Eslovaquia.
De las 10.260 órdenes de protección que se han tramitado hasta ahora, Madrid (2.751), la Comunidad Valenciana (1.788), Cataluña (1.252) y Andalucía (1.206) son las regiones que han recibido más solicitudes.
Los refugiados pueden inscribirse en los centros de acogida establecidos en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Ciudad de la Luz de Alicante y en la Fira de Barcelona, así como en cualquiera de las 54 comisarías de la Policía Nacional habilitadas en toda España.
Por supuesto, Ucrania no es el único país del que llegan inmigrantes, y España ha registrado 50.000 inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos en sólo 11 meses. A diferencia de los refugiados ucranianos, los marroquíes no tienen derecho a la residencia de forma automática y España ha reanudado esta semana los vuelos de repatriación desde las Islas Canarias a la capital, Rabat.
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El OPAM es una iniciativa del gobierno regional de Andalucía, la Junta de Andalucía; administrativamente, pertenece a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias (DGCPM). Los objetivos del Observatorio incluyen la recogida, tratamiento y análisis de información estadística y documental sobre las migraciones internacionales a Andalucía y su impacto económico, social y cultural, su evolución y su comparación con otras regiones y países; la generación y análisis de datos primarios especialmente sobre las actitudes de la población hacia la inmigración; y la amplia difusión de los resultados obtenidos sobre todo ello.
Desde 2007 hasta 2013, el OPAM fue gestionado por un equipo multidisciplinar de técnicos y científicos del IESA, en estrecha colaboración con la DGCPM. Durante este periodo, se puso en marcha un amplio abanico de nuevas publicaciones y actividades, entre las que destacan
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El Defensor del Pueblo ha pedido en varias ocasiones el cierre de las actuales instalaciones tras las quejas de asociaciones policiales y sindicatos por sus condicionesPILAR GARCÍA-TREVIJANOR
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este martes que el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril estará en “pleno” funcionamiento este verano, tres años después del inicio de las obras.
La construcción del centro, que tendrá capacidad para 168 personas, comenzó en julio de 2019. Sin embargo, la obra ha sido objeto de críticas por parte de los políticos locales por los retrasos y la falta de claridad sobre cuándo estarían terminadas las obras.
El edificio contará con un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) y protección contra incendios de acuerdo con la normativa vigente. Las instalaciones que se utilizan actualmente son inadecuadas, carecen de la seguridad necesaria y el Defensor del Pueblo ha pedido su cierre en varias ocasiones tras las quejas de asociaciones policiales y sindicatos.
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Este artículo surge de la necesidad de contribuir a un análisis centrado en la revitalización de los actores y agentes gubernamentales y locales como claves en la aplicación de las políticas, entre ellas la política migratoria. Así, su preocupación es resaltar y analizar las funciones y roles que desarrollan los mencionados actores clave, vislumbrando así las sinergias entre ellos. Consideramos que diversos trabajos académicos ya han discutido y están discutiendo cuestiones relacionadas con la materia aquí tratada sobre la movilidad territorial, las políticas locales y la inmigración, y el ámbito normativo y competencial en materia de extranjería entre la Administración central, la autonómica y la local en España (arts. 148.1 y 149.1 CE y 67 y 68 LOEx), entre otros.
Otros trabajos ya han abordado esta materia desde las crisis económicas como excusas para la recentralización de las políticas migratorias en el ámbito local, la coherencia entre el ámbito de planificación (autonómico) y el de ejecución (local) de las políticas migratorias, así como la interrelación entre las autoridades locales, las asociaciones de inmigrantes y los factores externos en la planificación y ejecución de las políticas migratorias. Algunos estudios analizaron la calidad de la atención a la población extranjera en los servicios bibliotecarios interculturales de Almería (Cervantes & Navas, 2012), y el nivel de inclusión de las mujeres extranjeras en zonas despobladas catalanas (Soronellas, Bodoque, Blay, Roquer, & Torrens, 2014).
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